Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este viernes en los servicios centrales del Imserso en Madrid, la primera entrega del Panel del SAAD de 2026, correspondiente al primer trimestre del año, donde se analiza la evolución de los principales indicadores del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este panel continúa la tendencia hacía la mejora de todos los indicadores de gestión y atención: el sistema coge velocidad en su capacidad de atención, la lista de espera se reduce de forma sostenida, la atención es más personalizada y más de la mitad de las prestaciones son de base comunitaria.

En este primer trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico: 1.655.446 personas. Este dato refleja que el número de personas que ya se encuentran recibiendo una prestación crece al 9,8% interanual, con un aumento de 148.284 personas respecto a marzo de 2025. Este crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 7,3%, lo que simboliza que, un contexto de crecimiento constante de solicitudes, la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda.

En este sentido, Derechos Sociales indica que es especialmente significativo la aceleración en el ritmo de incorporación de nuevas personas beneficiarias al sistema. En marzo, el sistema ha incorporado 23.197 nuevas personas con prestación efectiva respecto al mes anterior, frente a las 18.185 personas de la última entrega del panel. Es el mayor incremento mensual registrado. Esto evidencia que el sistema no solo crece, sino que adquiere velocidad en la capacidad de respuesta y atención a las personas en situación de dependencia.

Esta aceleración en el ritmo de incorporación al sistema que se produce en un escenario de envejecimiento acelerado y de presión creciente de la demanda, lejos de tensionarse, demuestra una evolución positiva en el funcionamiento del sistema. El SAAD no solo logra absorber el aumento de solicitudes sino mejorar de forma continuada sus resultados. Trimestre a trimestre, se consolida una respuesta más eficaz que combina el aumento en el número de personas atendidas y la reducción de los tiempos de espera.

“La transición demográfica que vive España se intensificará en los próximos años. Que el sistema responda mejor cada trimestre, precisamente cuando esa presión aumenta, es un dato que va más allá de la gestión: habla de la solidez de un modelo público de cuidados y apoyos que funciona”, ha subrayado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.

De las 2.437.488 prestaciones reconocidas, el 57,2% (1.393.913 prestaciones) se despliegan ya en el entorno comunitario. Solo en el último trimestre, este tipo de prestaciones han crecido en más de 32.000, respondiendo a la demanda de apoyos más personalizados y adaptados a la vida cotidiana de las personas. Desde el comienzo del análisis del SAAD, este porcentaje se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar un 4,5% más que hace 5 años.

En este sentido, Derechos Sociales apunta a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad como la medida que va a permitir culminar la evolución hacía un sistema de cuidados flexible y capaz de responder a las necesidades individuales de las personas y de sus familias, en línea con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. La reforma de estas dos normas al mismo tiempo ya ha sido aprobada por el Gobierno y recibió un amplio apoyo del Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación parlamentaria. Ahora se encuentra en proceso de negociación con los grupos parlamentarios.

Entre otras medidas, esta reforma va a permitir eliminar incompatibilidades entre prestaciones y actualizar la cartera de servicios, reforzando recursos esenciales para la autonomía como son la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios. Estos servicios, todavía poco extendidos, son clave para consolidar un modelo que priorice la elección y la vida en comunidad a lo largo de todas las etapas de la vida. La norma, además, ampliará la ayuda en el domicilio, regulará la asistencia personal profesional, y reconocerá la teleasistencia como derecho.

Cuidados más cercanos y personalizados

Los datos que arroja este Panel del SAAD muestran que la teleasistencia (27%) y la ayuda a domicilio (17%) se consolidan como los servicios profesionales más habituales, por detrás de la prestación económica por cuidados familiares (31%). Además, la teleasistencia y la ayuda a domicilio han crecido respectivamente un 21.7% y un 12.4% respecto al año anterior, como causa de la tendencia hacia el aumento progresivo de la combinación de diferentes prestaciones que hacen las personas usuarias.

En cuanto al número de prestaciones por beneficiario, en los últimos años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,44 en marzo de 2026, lo que supone un crecimiento del 12,3%. Estas cifras corroboran un uso cada vez más combinado de apoyos y reflejan un avance estructural hacia un sistema más flexible y alineado con las preferencias y decisiones de las personas y orientado a un modelo de atención centrado en la persona y su entorno. “Las personas no solo acceden al sistema: combinan más cuidados y apoyos. Es la señal más clara de que avanzamos hacia un modelo más flexible y centrado en la persona”, ha señalado Rosa Martínez.

Otro de los recursos que Derechos Sociales ha señalado como claves para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales son los centros de día, una alternativa que supone ya un 4.6% de las prestaciones. La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad también busca reorientar la definición de los centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado.

Rosa Martínez ha puesto en valor la evolución que se observa en el Panel, que apunta hacia un modelo más integral y personalizado, en un país como España, que se sitúa entre los países con mayor esperanza de vida de Europa. “Un logro colectivo construido durante décadas que debemos reconocer y del que podemos sentirnos orgullosos”, ha dicho, para recalcar que “vivir más años no es suficiente si esos años no se viven con autonomía y dignidad”.

Por ello, la secretaria de Estado indica que “el SAAD no consiste solo en prolongar la vida, sino en garantizar que esos años adicionales se vivan con los apoyos necesarios y en el entorno elegido por cada persona”.

La lista de espera continúa descendiendo

En este primer trimestre del año el SAAD mantiene su tendencia hacia la reducción de la lista de espera, un dato que ha ido reduciéndose progresivamente en todas las entregas del panel. El número de personas que esperan recibir una prestación se ha reducido en 444 personas en este trimestre, situándose en 152.249 personas. Esta cifra representa una disminución de la lista de espera de 16,6% en un año (30.283 personas menos respecto a marzo de 2025). La lista de espera acumula ya una reducción del 51% desde el año 2020.

La reducción de la lista de espera no se produce en un sistema estático sino en un contexto de crecimiento continuo de la demanda, lo que refleja el esfuerzo conjunto de las comunidades autónomas y el Estado, y los resultados que ofrece este trabajo coordinado. Al mismo tiempo, se mantiene como un objetivo prioritario y compartido seguir reduciendo las cifras, lo que requiere mantener el compromiso y la colaboración de todas las administraciones implicadas. Derechos Sociales señala que la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad va a contribuir a reducir significativamente la lista de espera simplificando los trámites administrativos y unificando valoraciones para disminuir la burocracia. Además, la norma busca agilizar el acceso a prestaciones aumentando el catálogo de servicios, poniendo fin a la incompatibilidad entre prestaciones y reconociendo automáticamente un 33% de discapacidad a las personas dependientes.

Disminuye el tiempo de tramitación

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 329 días, un dato que mejora respecto a los 341 días de la última entrega del panel. Por segundo trimestre consecutivo, se invierte la tendencia al alza y se retoma el camino descendente en la reducción de este tiempo medio de tramitación, que es la fase más larga de todo el proceso. Pese a que para Derechos Sociales este sigue siendo uno de los grandes retos del SAAD, este dato alcanza su nivel más bajo en dos años y marca una notable diferencia respecto a los 421 días del pico alcanzado en el año 2021. Los datos demuestran que es posible acotar los plazos incluso cuando el número de solicitudes crece, ya que casi todas las comunidades han logrado reducir su tiempo medio de tramitación.

Los territorios con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (92 días), Castilla y León (116) y Aragón (129). Por el contrario, los que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (553 días), Andalucía (464) y Asturias (375).

Ante la situación de crecimiento constante de solicitudes, Derechos Sociales considera fundamental que la reducción de los plazos vaya acompañada de un acceso más justo y adaptado a las necesidades individuales de cada persona, extendiendo prestaciones que refuercen la autonomía personal, como la asistencia personal o los programas de vida independiente.

En este sentido, además de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, Derechos Sociales subraya el trabajo que el Estado está realizando tanto para garantizar que España cuente con las profesionales necesarias ante el reto demográfico como el esfuerzo en el importante aumento de la financiación del sistema. Desde el año 2020, la financiación del Sistema de la Dependencia por parte de la Administración General del Estado ha crecido en un 150% y se ha triplicado desde 2014.

Recordamos finalmente que toda la información incluida en esta nota de prensa es parte de los informes estadísticos que el Imserso publica regularmente en su página web.

Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.