Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) reunió ayer al segundo Consejo General del año, que contó con la asistencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. La reunión estuvo centrada en la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley con el que el Gobierno va a realizar la mayor inversión de su historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más (6.162.904.040 €), entre 2026 y 2027. Este aumento de la financiación en el sistema de atención a la Dependencia fue anunciado por el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la sede del Imserso.

“Es un día de celebración y alegría”, señaló la secretaria de Estado, quien indicó que “se ha hecho realidad un compromiso político del Gobierno que estaba incluido en el acuerdo de coalición y que tanto el ministro como yo siempre hemos mantenido, tanto en público como en privado: nuestro compromiso era alcanzar el 50% de la financiación estatal al final de la legislatura”.

“Lo hemos hecho de la mejor manera posible que permitían las circunstancias de la legislatura, y lo hemos hecho en un momento estratégico para que pueda acompañar la posible aprobación de la ley”, explicó Rosa Martínez, que cree que la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia podría ser aprobada por las Cortes a finales de septiembre, siempre y cuando se vayan solventando todos los pasos pendientes.

Esta inyección de recursos que necesita el sistema para la transformación del modelo de cuidados y para atender el incremento de solicitudes se hará por vía de incremento del nivel mínimo de forma que este aumento de la financiación quede consolidado. El nivel acordado solo puede cambiarse a través de la vía de los Presupuestos Generales del Estado y, en este momento, esta vía es complicada.

Aunque los agentes sociales mostraron su preocupación por que las comunidades autónomas no apliquen esta subida o incluso que reduzcan sus aportaciones a la financiación del Sistema, la secretaria de Estado quiso ser “optimista” porque ve en las consejerías de todas las autonomías el compromiso de “hacer las cosas bien”.

También “saludó y agradeció” los comentarios de los agentes sociales en cuanto a su ofrecimiento para fortalecer el sistema, especialmente de las patronales ya que “la intervención del sector es imprescindible para que las condiciones laborales sean atractivas para los que quieran trabajar aquí y no se vayan a otros sectores”.

“Ese es uno de los dramas que tenemos actualmente encima de la mesa. Aunque tengamos recursos, no encontramos profesionales”, lamentó, a lo que añadió la necesidad de asegurar la formación de las personas que entren a trabajar en este sector, así como contar con una certificación profesional.

Tanto sindicatos como patronal recibieron como una buena noticia este Real Decreto-ley, pero indicaron que el escenario que ahora se plantea no deja de conllevar alguna incertidumbre, porque “la capacidad de incidencia efectiva sobre cómo se aplicará” dependerá de las comunidades autónomas. Los sindicatos también pidieron la apertura inmediata de una mesa de diálogo para establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de aplicación en las CCAA, una mesa en la que se cuente con los interlocutores sociales, que avisaron de que demandarán mejoras concretas ahora que “ya no se nos puede decir que no hay fondos, porque los hay”.