Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Consejo de Ministros de hoy martes 11 de febrero de 2025, ha aprobado este martes el anteproyecto de ley presentado por Pablo Bustinduy para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado esta reforma desde el Palacio de La Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que con esta reforma legislativa se va a implantar “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”. De esta manera, Pablo Bustinduy ha puesto el foco en que los cambios normativos que aprueba el Gobierno van a garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar. Así mismo, ha subrayado, con esta reforma se van a revertir “los recortes que quedaban vigentes del último Gobierno del Partido Popular”.

El ministro Bustinduy ha subrayado que el anteproyecto de ley va a poner fin a “dos recortes importantes” en materia de dependencia. Por un lado, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona. Y, por otro lado, ha explicado Bustinduy, se va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, “otro recorte que todavía sigue limitando el acceso de mucha gente a la dependencia”. A este respecto, el ministro ha manifestado que la reforma no solo va a revertir recortes, sino que “blindará derechos para evitar que sean recortados en el futuro”, y ha aludido a que los nuevos textos en Dependencia y en Discapacidad ofrecerán un marco legal a los usuarios y a las usuarias del sistema para poder reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi 2 millones de personas (1.837.818) que requieren atención por parte del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y se estima que el Partido Popular recortó este sistema en 5.406 millones de euros durante el Gobierno de Mariano Rajoy, reduciendo 3.150 millones de euros por la supresión del Nivel Acordado y la minoración del Nivel Mínimo, y 2.250 millones por la supresión de las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales entre 2013 y 2018. Por esta razón, ha destacado el ministro Bustinduy, desde el año 2020 el Gobierno de coalición ha incrementado un 150% las partidas destinadas a financiar el SAAD hasta llegar a repartir más de 783 millones de euros entre los gobiernos autonómicos en 2023, cifra récord que se repitió en 2024 con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. “Estamos reconstruyendo el sistema de la dependencia con el objetivo de apuntalarlo como un pilar del estado del bienestar”, ha dicho Bustinduy, al tiempo que hacia una mención específica al reto demográfico al que se va a enfrentar nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y, por tanto, aumente también el número de personas en situación de dependencia. A este respecto, se ha referido también a que esta reforma legislativa busca reforzar la implantación del nuevo modelo de cuidados en el que está trabajando Derechos Sociales con las Comunidades Autónomas a través de la estrategia estatal aprobada en 2024 para desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados de mayor cercanía, en el hogar de la persona o en entornos comunitarios.

Por ello, el nuevo texto de la Ley de Dependencia va a ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. “Ese modelo ha quedado obsoleto”, ha defendido Bustinduy, añadiendo que “estamos dando pasos decisivos para incentivar la autonomía de cada persona dependiente y para consolidar su participación en la comunidad y su derecho a permanecer en el entorno elegido”. Al mismo tiempo, la reforma incorporan nuevos servicios orientados a este fin. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio se extiende a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. Es decir, a partir de que esta reforma sea aprobada en las Cortes Generales, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio. Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo. En primer lugar, ofrece servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como cohousing. En segundo lugar, se estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía. Y en tercer lugar, se incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.

A esta ampliación de servicios, la reforma suma más derechos en materia de dependencia. Por ejemplo, se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Otro derecho importante que recoge el anteproyecto es el de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia. Este punto, resaltan desde el Ministerio de Derechos Sociales, es importante para evitar la situación vivida durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores. Para lograrlo, la reforma obligará a los gobiernos autonómico a implementar procedimientos coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de proporcionar una atención integral que combine ambas áreas. La reforma legislativa aborda, además, la situación de las personas cuidadoras no profesionales, incluyendo un derecho para que puedan recibir apoyos, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional; así como para obtener información accesible sobre las prestaciones y la calidad de los servicios, y para disponer de medidas para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.

Reforma de la Ley de Discapacidad

En materia de discapacidad, el anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española que se reformó en las Cortes Generales con un amplio consenso político a comienzos de 2024 para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. Esto se concreta en que la ley estipulará este derecho como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc…

En lo referente al ámbito privado, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.

Otro derecho fundamental que garantiza el anteproyecto está relacionado con los seguros de salud o de vida, prohibiendo a las compañías asegurados a discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro. Por otro lado, se simplificarán algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%.

La reforma contempla también importantes medidas referentes a la tecnología, indicando, por ejemplo, una supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías para eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, como puede ocurrir en procesos de selección de profesionales dirigidos automáticamente. La tecnología también se observa como una oportunidad dentro de la norma, por lo que se designará a las personas con discapacidad como grupo social de interés preferente para el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se fomentarán los usos positivos de las nuevas tecnologías y la generación de conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología enfocada a personas con discapacidad.

Por último, el anteproyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres discapacidad, incidiendo en la importancia de busca garantizar su salud sexual y reproductiva. Así mismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.

FUENTE: Nota de prensa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.