Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este lunes la séptima entrega del «Panel del SAAD», una herramienta que se creó en abril de 2025 con el objetivo de ofrecer y analizar trimestralmente los principales datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Esta nueva entrega, correspondiente al tercer trimestre de 2026 (junio-septiembre), es la primera que se realiza después de que el Gobierno de España aprobara un real decreto-ley que supuso la mayor inversión de la historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más solo entre 2026 y 2027. Esta cifra récord consiste en el incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia.

En concreto, estas cuantías se han más que duplicado en los grados II y III (+100% y +128%), que concentran casi dos de cada tres personas atendidas, y suben un 18% en el grado I. Los importes comenzaron a transferirse a las comunidades autónomas desde el 1 de julio y las comunidades autónomas ya han recibido los créditos correspondientes a julio y agosto, mientras que el importe correspondiente al mes de septiembre lo recibirán a mes vencido, en el mes de octubre.

Los datos de esta nueva entrega reflejan que el incremento de financiación que están recibiendo las comunidades autónomas ha permitido que el sistema consolide la tendencia hacia la mejora de todos los indicadores de gestión y atención. La lista de espera alcanza su mínimo histórico y el mayor porcentaje de descenso interanual, el número de personas beneficiarias con prestación efectiva es más elevado que nunca, pese al incremento de solicitudes, y el tiempo medio de tramitación presenta su mayor descenso trimestral desde que hay registros.

Derechos Sociales destaca que estos indicadores tienen que continuar avanzando hacia una mejora sostenida tras la entrada en vigor de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre. Esta norma va a suponer una refundación profunda del sistema de cuidados, ampliar la cartera de servicios y prestaciones y reducir la burocracia a las personas usuarias agilizando todos los procesos. Además, la ley incorpora la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema de la dependencia, blindando esta financiación.

En este sentido, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y a que desaparezcan completamente para 2028. Además, establece como objetivo que los gobiernos autonómicos inviertan más recursos en contratar a más trabajadoras y mejorar la calidad en el empleo de las personas que trabajan en la dependencia.

Una financiación sin precedentes

En septiembre de 2026, la financiación por el nivel mínimo que el Estado transfiere a las comunidades autónomas se ha incrementado hasta los 516,2 millones de euros, siendo esta cantidad el doble que la que recibieron en junio (257,5 millones). De enero a junio el importe del nivel mínimo se mantuvo estable, con una aportación de entre 236,9 y 257,5 millones cada mes. Sin embargo, tras la aprobación del real decreto-ley de financiación, esta cuantía subió en julio a 484,2 millones y continuó ascendiendo en agosto (506) y septiembre (516,2).

La cuantía correspondiente a julio y agosto (990,2 millones) ya la han recibido, mientras que la cuantía correspondiente al mes de septiembre (516,2) la recibirán en el mes de octubre.

En concreto, Derechos Sociales estima que cada Comunidad Autónoma ha visto incrementado, por el nivel mínimo, el siguiente dinero extra en solo tres meses (julio-septiembre1), gracias a la entrada en vigor del real-decreto ley de financiación.

En total, las comunidades autónomas habrán recibido 739 millones de euros adicionales en solo tres meses por el nivel mínimo de financiación. Estos incrementos de financiación están teniendo un impacto mayor sobre quienes más lo necesitan, ya que casi dos de cada tres euros del incremento corresponden a personas en grado III de dependencia. En concreto, sobre los 262 millones de euros de incremento mensual del nivel mínimo, el grado III representa el 64% de ese incremento y supone el 26% de las personas. Al grado II le corresponde el 32% (37% de las personas) y al grado I el 3% (37% de las personas). De cada cien euros adicionales, casi 97 se dirigen a las personas con mayores necesidades de apoyo.

Estos datos demuestran que, aunque las cuantías suben en todos los grados, la mejora se concentra en los grados con mayor necesidad de cuidados y apoyos, de tal manera que la cuantía del grado II se duplica y la del grado I sube un 18%.

Este incremento también puede verse reflejado en el indicador de aportación económica media por persona atendida. Es decir, importe mensual abonado por el nivel mínimo dividido entre el número de personas con prestación efectiva, haciendo una media entre grados.

Este indicador muestra cómo en septiembre de 2026 la aportación media del Estado es de unos 295 euros al mes por persona atendida, frente a unos 151 euros en junio. Es casi el doble: un 95,7% más, aún con el incremento de personas con prestación efectiva.

A todas estas cifras sobre el nivel mínimo, hay que añadir el nivel acordado, que son los créditos adicionales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas a través de convenios, y que no depende solo del número de beneficiarios sino que está condicionado a una serie de criterios y variables de reparto, así como el cumplimiento de objetivos de gestión como reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.

Respecto al nivel acordado, este año Derechos Sociales va a transferir 904 millones de euros a las Comunidades Autónomas, alcanzando así un nuevo récord. Además, esta cifra podría ascender a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente.

El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar las cifras actuales. El incremento del nivel acordado, junto a la ampliación del nivel mínimo, supondrá que, en 2027, el Estado abonará en torno a los 7.240 millones de euros a las Comunidades Autónomas.

Todos los datos relativos a la financiación del Estado al del Sistema de la Dependencia, desglosados por Comunidades Autónomas y por nivel mínimo y nivel acordado, se encuentran en este enlace.

La lista de espera alcanza su mínimo histórico

Durante el último trimestre, la lista de espera se ha reducido casi un 6 % (5,7%). Al mismo tiempo, la lista de espera recoge su mayor disminución en términos interanuales, al reducirse un 22,7 % en el último año, esto es, 39.672 personas menos respecto a septiembre de 2025.

Este acotamiento supone que, en la actualidad, el número de personas que se encuentran a la espera de una prestación es el más bajo desde que hay registros y se sitúa en 134.734 personas.

La reducción de la lista de espera es un dato que ha ido reduciéndose progresivamente en todas las entregas del panel, y acelerándose en los últimos años, de modo que, desde 2021, la lista de espera se ha reducido en más de 56,7 %, lo que representa un descenso de 176.711 personas en 5 años.

Además, la consolidación de esta aceleración en el ritmo de incorporación al sistema se produce en un escenario de envejecimiento acelerado y de presión creciente de la demanda. Esto significa que el SAAD, lejos de tensionarse, demuestra una evolución positiva que no solo logra absorber el aumento de solicitudes sino también mejorar de forma continuada sus resultados.

En lo que respecta a la situación por Comunidades Autónomas, aquellas que presentan una lista de espera más alta en relación con la población potencialmente dependiente son Murcia seguido de Cataluña y Extremadura, mientras que los territorios que poseen una lista de espera más baja en relación con la población potencialmente dependiente son Castilla y León seguido de Aragón y Galicia.

Respecto al último trimestre, las comunidades que más han reducido su lista de espera han sido Cataluña (4.973 personas), Asturias (2.472 personas) y Andalucía (1.125 personas). Los territorios donde la lista de espera, lejos de reducirse, se ha incrementado, han sido País Vasco, con un aumento de 263 personas, y Castilla La-Mancha y Cantabria, con un incremento de 181 y 172 personas respectivamente.

Esta lista de espera incluye tanto a las personas que están pendientes de valoración de grado como a las personas que ya tienen reconocido un grado y llevan más de 6 meses esperando a recibir esa una prestación o servicio, que es el plazo que establecía la ley para que los gobiernos autonómicos resolvieran el proceso completo de la dependencia. Ahora, tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, ese tiempo de espera se establece en 3 meses como máximo.

Máximo histórico de personas atendidas

Durante este tercer trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva ha crecido un 2,4 %, sumándose 41.573 nuevos beneficiarios, lo que ha hecho que este indicador vuelva a alcanzar un nuevo máximo histórico y se sitúe en 1.748.901 personas.

En términos interanuales, el número de personas con prestación efectiva se ha incrementado un 11 % en un año, con un aumento de 173.219 personas respecto a junio de 2025. Este crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 6,6%, lo que vuelve a simbolizar que, en un contexto de crecimiento constante de solicitudes, la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda. El número total de solicitudes ha ascendido hasta 2.421.624.

Estos datos evidencian que el sistema no solo crece, sino que adquiere velocidad en la capacidad de respuesta y atención a las personas en situación de dependencia. En comparación con inicios del año 2021, el número de personas con prestación efectiva ha aumentado en un 61,3%, con una incorporación de 664.692 personas hasta llegar a las 1.748.901 actuales.

El tiempo medio de tramitación acelera su descenso

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación desciende en 21 días durante este último trimestre, siendo esta la bajada más alta recogida durante un trimestre desde que comenzó el Panel del SAAD.

Solo hasta septiembre de 2026, el tiempo medio de tramitación se ha rebajado en 48 días, después de que en el último trimestre haya descendido 21 días y las dos primeras entregas del SAAD del año recogieran un descenso de 27 días. Es decir, en este último trimestre el tiempo medio de tramitación ha descendido casi los mismos días que durante los dos trimestres anteriores juntos, situándose en 293 días.

Se confirma así, por tercer trimestre consecutivo, el camino descendente en la reducción de este tiempo medio de tramitación pese a que continúa siendo la fase más larga de todo el proceso. Por ello, para Derechos Sociales este sigue siendo uno de los grandes retos del SAAD, que el ministerio espera acelerar considerablemente con la reciente aprobación de las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia, que van a permitir agilizar y desburocratizar los procesos administrativos.

Por territorios, las comunidades con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (75 días), Aragón (109 días) y Castilla y León (120). Por el contrario, los que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (529 días), Asturias (413) y Andalucía (402).

En este último trimestre, casi todas las comunidades autónomas han conseguido reducir su tiempo medio de tramitación, a excepción de Extremadura y Navarra, que lo ha incrementado en 13 y 12 días, así como Castilla y León, Castilla La-Mancha y Comunitat Valenciana, en las que el número de días se ha mantenido constante respecto al trimestre anterior. Cabe señalar, no obstante, que el tiempo medio de gestión en todas estas comunidades, a excepción de la Comunitat Valenciana, se sigue situando por debajo de la media estatal. Canarias es la comunidad autónoma que ha recogido un mayor descenso en este indicador, con 100 días menos, seguido de Andalucía y Murcia, con 33 y 22 días respectivamente.

Derechos Sociales fija las condiciones laborales como un objetivo prioritario

Según datos de la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados ha crecido un 8,9% en dos años, desde los 386.900 puestos en diciembre de 2023 hasta los 421.200 puestos a diciembre de 2025 (equivalentes a jornada completa). Los servicios sociales sin alojamiento son el principal motor que impulsa este crecimiento en el empleo de cuidados: suman 36.300 puestos más (+23,6%) en ese periodo, hasta los 190.300, mientras que el empleo en los establecimientos residenciales se mantiene estable.Esto demuestra que los servicios sin alojamiento ganan peso dentro del sector: a diciembre de 2025, de cada 100 puestos de cuidados, 45 están ya en estos servicios, frente a los 40 en diciembre de 2023.

Este crecimiento responde tanto a la reducción de la lista de espera como a la mejora de los servicios: cada persona que pasa a recibir cuidados y apoyos requiere de profesionales que los presten. No obstante, Derechos Sociales estima que en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico que afrontará España en la próxima década.

En este sentido, el aumento de los recursos disponibles, con un crédito del nivel mínimo para 2026 un 85,8% superior al inicial y una estimación de en torno a 6.270 millones de euros para 2027, exige que el número de profesionales siga creciendo para garantizar la sostenibilidad del Sistema de la Dependencia.

Además, el sector de los cuidados continúa siendo un sector altamente feminizado. También según la EPA, el 87,9% de las profesionales que prestan cuidados y apoyos en residencias son mujeres, y el 91% de aquellas que trabajaban en atención domiciliaria.

Por otra parte, el SAAD ofrece datos sobre el perfil de la persona cuidadora no profesional, es decir, aquella vinculada a una prestación económica de cuidado en el entorno familiar. El perfil que más se repite es el de mujer con edad comprendida entre los 50 a 66 años. Por tanto, la persona cuidadora no profesional también cuenta con un marcado rostro femenino: el 71,9% son mujeres y el 28,1% son hombres.

Respecto a los salarios, el salario medio anual de las profesionales de las residencias, según los últimos datos disponibles del INE, es de 19.585,74 euros (el 66% del salario medio del conjunto de la economía) y el de atención domiciliaria, de 18.834,42 euros (el 64%). Estos porcentajes reflejan que por cada 10 euros que ingresa un salario medio de la economía, estas profesionales ingresan unos 6,5 euros. Este dato muestra la infravaloración de los cuidados en nuestra sociedad.

El Ministerio de Derechos Sociales insta a las Comunidades Autónomas a mejorar las condiciones laborales en el sector dada la gran prevalencia de salarios bajos y precariedad entre este colectivo profesional. Sindicatos, patronales y administraciones coinciden en la necesidad urgente de un incremento significativo de los salarios. El importante incremento presupuestario recientemente aprobado tiene que hacer posible un acuerdo ambicioso entre agentes sociales para actualizar el convenio colectivo, que afecta a decenas de miles de profesionales.

“Mejorar las condiciones laborales no es una aspiración deseable, es una condición necesaria e irrenunciable para mejorar el sistema. No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan”, ha subrayado Rosa Martinez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.

La información incluida en esta nota de prensa relativa al SAAD es parte de los informes estadísticos que el Imserso publica regularmente en su web y que se puede consultar en este enlace.