Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este jueves un nuevo censo que recopila información de todos los centros residenciales que hay en España para personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados. El censo, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se basa en la información facilitada por un total de 7.319 centros, tras un proceso de recogida de datos que ha alcanzado una tasa de respuesta del 92,7 %.

La presentación de este informe ha tenido lugar en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y ha contado con la presencia de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Mayte Sancho, directora general del Imserso. Se trata de la segunda edición después de que en 2024 la entidad gestora presentara un primer censo con datos de 2022. Esta nueva entrega mejora y profundiza en la metodología e incluye por primera vez las viviendas destinadas a personas mayores y personas con discapacidad, como un elemento fundamental para disponer de una visión más completa y ajustada de la realidad residencial.

Este estudio, realizado con datos de 2025, constituye una herramienta para fomentar la transparencia y poder conocer la estructura, los recursos, la atención y las características de los centros residenciales, ofreciendo una radiografía del sistema que permita identificar los avances necesarios para seguir impulsando fórmulas de atención más flexibles, personalizadas y vinculadas al entorno comunitario, en línea con la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados (2024-2030).

En este sentido, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha señalado que este censo no es un esfuerzo puntual, sino una herramienta permanente que hasta hace muy poco tiempo no existía, y que sirve de base sobre la que construir políticas públicas: «No se puede transformar lo que no se conoce. Cambiar el modelo de atención residencial no es una cuestión técnica, es una cuestión de derechos», ha subrayado.

Este contexto de transformación coincide, además, con un momento de oportunidad sin precedentes: la reciente aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la mayor inversión de la historia del sistema, con 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, que proporcionan el marco legal y los recursos necesarios para acelerar este proceso de mejora en los próximos años.

Centros residenciales en España

En España hay un total de 7.893 centros de atención residencial, una cifra en la que se incluyen centros y viviendas para personas mayores, y centros y viviendas para personas con discapacidad. El censo ha alcanzado una tasa de respuesta del 92,7 %, lo que implica que un total de 7.319 centros han cumplimentado el cuestionario, permitiendo obtener una amplia imagen de todo el sistema residencial en el territorio.

De manera desglosada, el cuestionario recoge 4.864 centros residenciales para personas mayores (66,5 %), de los cuales 4.596 son centros de mayores y 268 son viviendas para personas mayores. Por su parte, el informe recoge 2.455 centros residenciales para personas con discapacidad (33,5 %), de los cuales 1.319 son centros y 1.136 son viviendas residenciales para personas con discapacidad.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Castilla y León y Andalucía son los territorios que más centros residenciales tienen, con un 19,3 %, un 15,2 % y un 11,2 % respectivamente.

Diferentes modelos de gestión

El informe alberga cinco tipos diferentes de gestión en la atención residencial: titularidad y gestión pública, titularidad pública y gestión privada sin lucro, titularidad pública y gestión privada con lucro, titularidad y gestión privada sin lucro, y titularidad y gestión privada con lucro.

El censo muestra cómo en los centros residenciales dirigidos a personas mayores prevalece la titularidad privada frente a la pública, siendo el 65,8 % de titularidad privada y el 34,2 % de titularidad pública. Sin embargo, dentro de las viviendas y unidades de convivencia dirigidas a las personas mayores prevalece la titularidad pública frente a la privada, siendo el 67,5 % de titularidad pública y el 32,5 % de titularidad privada.

Por su parte, en los centros residenciales dirigidos a personas con discapacidad, el 55,6 % de los centros son de titularidad privada y el 44,4 % de titularidad pública, mientras que las viviendas residenciales dirigidas a personas con discapacidad son un 62,8 % de titularidad privada y un 37,2 % de titularidad pública.

Por otro lado, el documento muestra cómo los centros de gestión privada con ánimo de lucro prevalecen dentro de los centros de mayores, mientras que la iniciativa social prevalece entre los centros para personas con discapacidad.

En los centros residenciales de mayores, el ánimo de lucro está presente en el 58,7 % de los centros considerando conjuntamente la gestión directa y la indirecta con ánimo de lucro. En discapacidad, el peso del ánimo de lucro se reduce al 13,2 %, y el sistema se apoya mayoritariamente en fórmulas sin ánimo de lucro.

En las viviendas con apoyo, la diferencia se traslada a la titularidad: predomina la pública en mayores (67,5 %) y la privada sin ánimo de lucro en discapacidad (62,8 %).

Tamaño de los centros

El tamaño medio de los centros residenciales es de 75,8 plazas por centro en mayores y de 36 plazas en discapacidad. En las viviendas, el tamaño medio es similar en ambos ámbitos, situándose en torno a 2,7 plazas por vivienda. Estos datos muestran una diferencia de escala entre los centros residenciales de mayores y de discapacidad que no se reproduce en las viviendas.

Respecto al número de plazas, los datos muestran que los centros de mayor tamaño constituyen una proporción minoritaria del número total de centros, aunque su peso en términos de plazas es superior al que representan en número de establecimientos.

En mayores, los centros de más de 200 plazas representan el 3,5 % de los centros y concentran el 13,3 % de las plazas. En discapacidad, representan el 0,6 % de los centros y concentran el 5,7 % de las plazas.

Comida saludable por ley

La cocina propia es la modalidad predominante en todos los centros residenciales de ambos ámbitos, y es la opción mayoritaria de todos los modelos de titularidad y gestión, mientras que el catering presenta un peso minoritario en todos los modelos.

En concreto, en los centros de atención a personas mayores la cocina propia está presente en el 90,1 % de los centros a nivel nacional, frente al catering que representa el 9,9 %. En el caso de los centros dirigidos a personas con discapacidad, la cocina propia constituye el 67,5 % frente al catering externo, que representa el 32,5 %.

En este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lleva tiempo trabajando, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, en un real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

Esta norma, que se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, establecerá criterios de calidad nutricional y sostenibilidad en la alimentación de los centros, limitando los ultraprocesados, las frituras y los alimentos poco saludables. «El modelo hogar también se construye desde algo tan cotidiano como lo que se sirve en la mesa», apunta Rosa Martínez.

Hacia un modelo personalizado

El informe recoge algunos indicadores en relación con el modelo de atención centrado en la persona, que, si bien no refleja la manera en cómo cada centro lo lleva a la práctica, arroja el dato de que el 93,8 % de los centros declara disponer de un plan personal de atención personalizado. Además, el 95,2 % de los centros declara mantener coordinación con atención primaria y el 89,6 % cuenta con un profesional de referencia, esto es, una persona asignada de forma estable a cada residente para coordinar sus apoyos y servir de punto de referencia habitual para la persona residente y su familia. Estos instrumentos constituyen elementos relevantes para adaptar los apoyos a las necesidades y preferencias individuales.

En referencia a la relación entre los centros y las familias, el 92,9 % de los centros declara disponer de mecanismos de implicación de las familias en el proyecto de atención, y el 78,1 % declara permitir la presencia física de las familias en el centro. El censo apunta que este indicador de presencia física de las familias en el centro tiene margen de mejora, dada la importancia de la participación de las familias y del mantenimiento de los vínculos de la persona residente con su entorno.

Otros indicadores relacionados con la autonomía y la capacidad de decisión en la vida cotidiana presentan una implantación más desigual y menos extendida: el 75,3 % de los centros dispone de un plan de eliminación de restricciones, mientras que la posibilidad de convivencia con animales de compañía alcanza el 52,3 %.

El censo señala como uno de los retos principales la necesidad de seguir avanzando en decisiones individuales y cotidianas, que son expresiones básicas de la autonomía personal, caminando hacia una organización de los centros más ajustada a las preferencias de cada persona.

Por ello, Derechos Sociales subraya que el servicio de atención residencial tiene que pasar a definirse como un lugar para vivir, con participación plena en la comunidad. Este modelo hogar se implementará con la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, aprobada hace unos días en el Congreso de los Diputados, que va a permitir ampliar derechos, reforzar la autonomía personal y avanzar hacia un modelo de cuidados más personalizado y vinculado al entorno comunitario.

A este respecto, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha señalado que el modelo al que hay que dirigirse es que la residencia sea un hogar: «Ese modelo hogar se construye con cambios en las infraestructuras, pero también en el día a día, a través de la atención centrada en la persona: personalizar los cuidados y los apoyos, y respetar la capacidad de decisión de cada persona», ha subrayado.

El censo analiza también en qué medida los centros residenciales están conectados con su entorno, a través de dos indicadores: los servicios de proximidad, que vinculan el centro con personas que no residen en él, y el empadronamiento, que refleja si el centro es reconocido como domicilio habitual de quienes viven allí. Ambos muestran una implantación desigual según el ámbito: los servicios de proximidad están presentes en el 48,7 % de los centros de mayores y en el 62,4 % de los de discapacidad, y el empadronamiento alcanza el 54,9 % en centros de mayores, frente al 70,5 % en centros de discapacidad y al 74,5 % en las viviendas con apoyo de ambos ámbitos.

En conjunto, los datos muestran que los centros de discapacidad tienen ya una orientación mayor hacia la vida en comunidad que los de mayores, un recorrido de mejora que Derechos Sociales identifica como prioritario para los próximos años, especialmente en el ámbito de las personas mayores.

El perfil de la persona residente

En relación con la edad de las personas residentes en centros de atención a personas mayores, el grupo más numeroso es el de 80 a 89 años, que representa el 41,7 % del total de personas residentes. Le sigue el colectivo de 90 años o más, con un 33,6 %, mientras que las personas entre 65 y 79 años suponen el 20,6 %. Por su parte, el grupo menor de 65 años tiene un peso reducido, con un 4,2 % del total.

Estos datos evidencian que el 75,3 % de las personas residentes en centros de atención a personas mayores tiene 80 años o más. La presencia significativa de personas octogenarias y nonagenarias configura un perfil claramente envejecido, coherente con la finalidad de este tipo de recursos residenciales.

El documento también refleja que las personas que residen en centros de atención a personas con discapacidad entran en un momento vital diferente, ya que en estos centros el 83,6 % de las personas residentes tiene menos de 65 años.

En cuanto al género, en 2025 los hombres representan el 58,4 % del total de residentes y las mujeres el 41,6 %, con patrones de género diferentes en relación con las personas residentes en centros de mayores y centros dirigidos a personas con discapacidad. En los primeros hay un mayor porcentaje de mujeres (68,9 % en centros y 56,4 % en viviendas), mientras que en los segundos predominan los hombres (58,4 % en centros y 58,3-58,6 % en viviendas).

El perfil de las profesionales que cuidan

El informe también muestra que el perfil de las personas profesionales que trabajan en los centros residenciales continúa teniendo un predominio femenino muy pronunciado: en los centros de mayores el 85,5 % de las personas que cuidan son mujeres, mientras que en los centros dirigidos a personas con discapacidad representan el 77,8 %. En ambos sectores, esta cifra se encuentra por encima de la media mundial del sector de cuidados de larga duración, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se sitúa en torno al 70 %.

Derechos Sociales estima que, para el año 2030, España necesitará incorporar 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración y mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El informe concluye que este dato apunta a la necesidad de incorporar una perspectiva de género centrada tanto en quienes reciben la atención como en quienes la prestan. En este sentido, el real decreto-ley de financiación aprobado por el Gobierno tiene como objetivo prioritario que, al tiempo que se permite incorporar más profesionales, se mejoren las condiciones de las trabajadoras y se produzca una revalorización de los cuidados en la sociedad.

Desafíos de los centros residenciales

Uno de los principales objetivos del Censo de Centros Residenciales es el de establecer una base de conocimiento que sirva para comprender el panorama actual del sistema residencial e identificar los desafíos que siguen vigentes.

En este sentido, Derechos Sociales recalca la necesidad de seguir impulsando un modelo residencial en el que cada centro funcione, a todos los efectos, como el hogar de la persona que vive en él, garantizando su capacidad de elección y favoreciendo que puedan vivir en entornos de proximidad, cercanos a sus vínculos familiares, comunitarios y sociales.

Además, el informe indica la disponibilidad de habitaciones individuales como uno de los retos a mejorar por los centros residenciales, ya que los datos reflejan que la habitación compartida sigue siendo la opción mayoritaria tanto en los centros de personas mayores (57 %) como en los centros para personas con discapacidad (58 %). El documento concluye que disponer de una habitación propia es una condición esencial para el ejercicio del derecho a la intimidad, un elemento central de la dignidad y la calidad de vida de las personas, y una condición necesaria para que las residencias sean un hogar para sus residentes.

En conjunto, los desafíos que señala el censo tienen que ver, por un lado, con la mejora de las infraestructuras, para que estas respondan cada vez más a una estructura de hogar, y, por otro, con el propio modelo de atención, de forma que la organización cotidiana de los centros se ajuste cada vez más a la voluntad y las preferencias de cada persona. Estos avances deben hacerse, además, de la mano de una mejora de las condiciones de quienes trabajan en los centros: garantizar una atención de calidad y garantizar un empleo de calidad no son objetivos contrapuestos, sino que se refuerzan mutuamente.

En este sentido, este informe se enmarca en el compromiso del Imserso con la transparencia y la mejora continua de la información disponible y constituye una base objetiva de conocimiento sobre la situación del sistema residencial en 2025, permitiendo, en futuras ediciones, observar la evolución de estos indicadores y su relación con el proceso de transformación de los modelos de cuidados y apoyos.

Asimismo, el censo responde a un enfoque de derechos alineado con las recomendaciones europeas e internacionales, en línea con una corriente de transformación de los modelos de atención residencial, y enmarcado en la recién aprobada reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

• FUENTE: Nota de prensa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
• Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España