Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

La Lismi vino a cumplir con el mandato recogido en el artículo 49 de la Constitución Española de establecer la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad; las prestaciones sociales y económicas que reguló el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, iban dirigidas a personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no estaban incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.