Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

El Consejo de Ministros del 18 de octubre de 2022 aprobó el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad publicado hoy en el BOE, que sustituye al baremo que estaba en vigor desde 1999. Es un modelo biopsicosocial de la CIF adoptado para conceptualizar la discapacidad por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo preámbulo se reconoce que la discapacidad es un hecho social y un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional y se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE, que llevaba bloqueada 10 años. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán además en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

Este texto, que se ha construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.

El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.

Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.

Como novedad, su tramitación ha puesto en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.

También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.

Esta norma recoge seis Anexos -modificados por la Orden DSA/934/2023, de 19 de julio-, referidos a Normas generales (Anexo I); Resumen básico de los componentes del baremo Primer nivel (Anexo II); Baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/ Deficiencia Global de la Persona (BDGP) (Anexo III); Baremo de evaluación de las capacidades / Limitaciones en la Actividad (BLA) (Anexo IV); Baremo de evaluación del desempeño / Restricciones en la Participación (BRP) (Anexo V); y Baremo de evaluación de los Factores Contextuales / Barreras Ambientales (BFCA) (Anexo VI).

Anexos del nuevo Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

Significar finamente que el Imserso programó una formación especializada dirigida a todo el personal valorador en las nuevas herramientas, como garantía de equidad en su aplicación, que tuvo lugar entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

Marco actual de la discapacidad

El Preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y aprobada y ratificada por el Estado español, reconoce que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

El texto de la Convención entiende como personas con discapacidad a "aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Marco legal de la discapacidad en España

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social , que considera en su artículo 4 que "son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad". (*)

Significar finalmente que la Disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, determina que las referencias en los textos normativos preexistentes a "minusválidos" y a "personas con minusvalía", se entenderán realizadas a "persona con discapacidad" o "personas con discapacidad" respectivamente, siendo estos términos los que deberán de utilizarse en lo sucesivo por las Administraciones Públicas para denominar a estas personas.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad así como las obligaciones de los Estados Parte de promover, proteger y asegurar esos derechos. España la ratificó y publicó en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de este mismo año; a partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma parte del ordenamiento interno. La adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención proclama y garantiza, se realiza mediante la promulgación de la Ley 26/2001, de 1 de agosto de Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La valoración del grado de discapacidad, expresado en porcentaje, se realizará mediante la aplicación de los criterios técnicos unificados fijados en el baremo establecido por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ha derogado el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y sus modificaciones posteriores.

El dictamen propuesta para el reconocimiento de grado será emitido por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad competentes dependientes de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad, así como por dichos equipos multiprofesionales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en su ámbito competencial.

El procedimiento se inicia a instancia de persona interesada mediante presentación de solicitud ante el Órgano administrativo correspondiente a su Comunidad Autónoma de residencia o Dirección Territorial del Imserso de Ceuta y Melilla. Para facilitar la presentación de la documentación requerida las distintas unidades tienen establecidos distintos formularios de solicitud; a dicha solicitud la persona interesada aportará la documentación que, en su caso, acredite su identidad y su situación de salud.

La solicitud de reconocimiento de la condición de persona con discapacidad podrá realizarse en cualquier momento personalmente o por correo en cualquiera de las Direcciones Territoriales del Imserso en el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en los Servicios Centrales del Imserso, así como en las oficinas de registro establecidas a tal efecto por los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión; además podrá presentarse a través de cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para aquellas personas que tuvieran reconocido previamente un determinado grado de discapacidad, en el momento en que vean agravado su estado de salud, podrán solicitar un procedimiento de revisión acreditándolo documentalmente.

Reconocida la persona por el equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad , los responsables de los Órganos competentes en la materia de las Comunidades Autónomas o de las Direcciones Territoriales del Imserso deberán dictar resolución expresa sobre el reconocimiento de grado, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha de solicitud, debiendo figurar necesariamente la fecha en la que, en su caso, puede tener lugar su revisión.

Contra las resoluciones definitivas los interesados podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Señalar finalmente que la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio del Estado español.

Entre los posibles beneficios las personas con reconocimiento de grado de discapacidad, pueden señalarse los siguientes:

• Acceso a las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad
• Adaptación del puesto de trabajo
• Adaptación de pruebas selectivas en el acceso al empleo público
• Jubilación anticipada
• Acceso a la vivienda de protección pública
• Subvenciones y/o ayudas de carácter individual: tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.
• Tratamientos rehabilitadores y de apoyo
• Recursos y apoyos educativos
• Pensión no contributiva (PNC) por invalidez
• Prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad: Asistencia Sanitaria y Prestación Farmaceútica y Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte
• Prestaciones familiares: Asignación económica por hijo o menor con discapacidad acogido a cargo, o mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior a 65%
• Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o menor acogido.
• Ingreso en Centros
• Beneficios fiscales: Necesidad de ayuda de tercera personas para desplazamiento a lugar de trabajo, movilidad reducida, necesidad de vivienda adaptada, etc
   
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  • Impuesto sobre Sociedades (IS)
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  • Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
  • Impuesto especial sobre determinados medios de trasporte (IEDMT)
  • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
• Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida
• Bonotaxi
• Reducciones en medios de transporte
• Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas con discapacidad que se contemplen en los organismos competentes en materia de Servicios Sociales ya sean municipales, autonómicos o estatales, o de la iniciativa privada social.

• Guía de orientaciones para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras de la Comunidad de Madrid.
• Guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras de la Junta de Andalucía.
• Guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras de la Región de Murcia.
• Portal de Registro de Enfermedades Raras del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)
• Protocolo DICE de Atención Primaria de Enfermedades Raras (DICE-APER): los objetivos de este protocolo son:
  • Identificar a las personas que tienen un diagnóstico correspondiente a alguna de las enfermedades raras descritas.
  • Proporcionar una información básica y de soporte al paciente, partiendo de los recursos existentes en organizaciones de pacientes y de la administración.
  • Contribuir a la coordinación asistencial que cada paciente demande, estableciendo los lazos oportunos entre el medico de atención primaria y el servicio médico especialista de esa enfermedad.
  • Proporcionar información al sistema sanitario sobre las dimensiones del problema, facilitando que el paciente pueda inscribirse en el registro de personas con enfermedades raras del Isciii y contribuyendo a la investigación mediante la donación de una muestra de sangre para el biobanco del ISCIII.
• Recursos asistenciales y de investigación en enfermedades raras ubicados en la Comunidad de Madrid: el trabajo pretende facilitar la toma de decisiones estratégicas en salud, en el marco de las enfermedades raras, incluyendo un análisis de los recursos sanitarios existentes en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid tanto en su vertiente asistencial, como en aquella otra procedente de áreas de investigación, pero que en ocasiones también sirven de soporte para el diagnóstico de laboratorio de alguna patología poco frecuente. Este análisis pretende servir para mejorar y facilitar la calidad asistencial e impulsar la solución de ciertos problemas, tradicionalmente reclamados desde los foros y organizaciones de pacientes, y también desde los documentos oficiales de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comunidad Europea y por supuesto desde la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.
• Por un modelo sanitario para la atención a las personas con Enfermedades Raras en las Comunidades Autónomas. Estudio ENSERio2.
• Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España. Estudio ENSERio. Datos 2016-2017.
• Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España Estudio ENSERio.

Formulario de solicitud para las DD.TT. del Imserso de Ceuta y Melilla (2,9 MB)