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2025ko pentsiodunentzako erregularizazioa eta pentsioen berrikuspena
El Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social, establece la cuantía de las pensiones de incapacidad y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva para 2026. La cuantía establecida es el resultado de aplicar a la cuantía fijada para 2025 el porcentaje de revalorización general de las pensiones en 2026, del 2,7%, más el incremento adicional previsto para 2025 en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social para reducir en un 50% la brecha existente respecto al 0,75 del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal actualizado.
El uso adecuado de los recursos públicos debe quedar garantizado, por ello los pensionistas están obligados a:
- Comunicar al Organismo que gestiona su pensión las variaciones en su convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios y/o familiares, y cuantas otras puedan tener incidencia en la conservación del derecho o en la cuantía de su pensión (420 Kb)
en el plazo de 30 días desde la fecha en la que se produzca la variación. - Presentar en el primer trimestre del año declaración de sus rentas o ingresos y de los de su unidad familiar de convivencia en impreso-formulario que a ese fin se le remita por el Organismo Gestor de su pensión.
Conforme a los datos declarados por los pensionistas y los disponibles por la Administración se procede a la regularización de los importes percibidos en 2025 y se establece el importe de la pensión a percibir en el año 2026, si la revisión diera lugar a la modificación de la cuantía actualizada inicialmente.
Los importes que resulten indebidamente percibidos tienen que ser devueltos por sus perceptores.
A su vez, las Administraciones Públicas tienen el deber y el derecho de establecer los mecanismos de control oportunos para evitar cualquier utilización indebida de las prestaciones sociales; controles que se efectúan tanto con carácter previo al reconocimiento de la pensión como con posterioridad periódica y anualmente.
La Tarjeta Social Digital, Sistema de Información en el que se inscriben las prestaciones públicas, incluida la pensión no contributiva de incapacidad, es un instrumento básico de la gestión pública de protección social al posibilitar el seguimiento y control permanente del derecho a las prestaciones y sus percepciones.
El derecho a seguir percibiendo una pensión no contributiva se extingue cuando se deja de reunir alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.